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La Fiscalía mexicana anunció ayer el inicio del proceso de extradición a EE.UU. del narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, recapturado el viernes en el estado de Sinaloa, el cual tiene "distintas etapas" y se prevé largo, según lo establecido por la ley.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) explicó en un comunicado que no hay impedimento para ejecutar las órdenes de aprehensión con fines de extradición emitidas en contra del capo tras su fuga el 11 de julio pasado de un penal de máxima seguridad y "mucho menos el inicio del procedimiento de extradición".
Si bien durante el tiempo que Guzmán evadió la acción de la justicia sus abogados tramitaron varios amparos contra una eventual extradición, solicitada formalmente por Estados Unidos, algunos de ellos "fueron sobreseídos, mientras que otros siguen en trámite", apuntó.
El 16 de junio y el 31 de agosto de 2015, EE.UU. presentó las peticiones formales de extradición de Guzmán por varios delitos, entre ellos asociación delictiva para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína, delincuencia organizada, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas.
La Cancillería determinó que las peticiones formales reunían los requisitos del tratado bilateral en la materia, por lo que las transmitió a la PGR, la cual, tras analizarlas, las presentó ante dos jueces federales, quienes a su vez otorgaron las órdenes de captura con fines de extradición.
Tras su detención, el líder del cártel de Sinaloa o Pacífico será notificado de los procedimientos de extradición y contará con tres días "para oponer excepciones y 20 días más para probarlas, este último término podrá ser extendido".
La Fiscalía adelantó que "aportará elementos para combatir las excepciones del reclamado y mantendrá una estricta vigilancia en los procedimientos".
Una vez que los jueces emitan la opinión jurídica respectiva, los juzgados están obligados a transmitir los expedientes ante la Cancillería, a fin de que esta emita en un plazo de 20 días hábiles su decisión sobre la entrega en extradición del reclamado.
En el caso en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores conceda la extradición, el capo tiene derecho a presentar un amparo en contra de dicha determinación ante el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito.
De confirmarse la negativa de los juicios de amparo, se podrá materializar su entrega en extradición, indicó la PGR, que añadió que dará cumplimiento a las determinaciones de los jueces de distrito en materia de amparo.
Tras el escándalo internacional desatado en julio pasado por la segunda fuga de Guzmán de un penal de máxima seguridad, después de la que protagonizó en 2001, el Gobierno de Enrique Peña Nieto dio un giro en su posición respecto a la extradición del narcotraficante.
Hace justo un año el entonces fiscal, Jesús Murillo, declaraba que Guzmán tendría que "cumplir su condena en México" antes de ser extraditado a EE.UU., lo que podría producirse "unos 300 o 400 años después", y aseguró que ese proceso debe darse solo por motivos de seguridad o riesgo de fuga, algo que -dijo- no existía.
Seis meses después la fuga dejó en evidencia no solo a Murillo, que salió de la PGR en febrero arrastrado por la crisis generada por la desaparición de 43 estudiantes, sino al propio presidente Peña Nieto, quien en 2014 llegó a asegurar que un segundo escape de Guzmán sería "imperdonable".
Algunos analistas atribuyen el rechazo inicial a la extradición del capo a una estrategia del Gobierno mexicano para demostrar su eficacia en la lucha contra las drogas y la solidez de sus instituciones, aunque también a un temor sobre la información que el capo pudiera entregar a EE.UU.
Tras su recaptura y reclusión en el mismo penal del que se fugó hace medio año, al Gobierno mexicano parece no quedarle otra opción que enviar a EE.UU. al narcotraficante.
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